La provincia de Córdoba establece multas de entre 42.000 y 57.000 pesos por contratar electricistas no habilitados. Electricistas que firmen certificados de obra realizados por otros instaladores se exponen a sanciones de hasta cien mil
Este año, contratar a un electricista no habilitado en la provincia de Córdoba para realizar una instalación eléctrica en una vivienda puede significar para un usuario particular la aplicación de una multa de entre 42 mil y 57 mil pesos. Y para un instalador, no cumplir con las exigencias técnicas en la materia, la sanción económica puede llegar a superar los cien mil pesos.
Así lo dispuso el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) a través de la resolución general número 97, publicada en el Boletín Oficial de la provincia el pasado 2 de enero, que establece el nuevo régimen de infracciones y sanciones en el marco de la aplicación de la ley provincial de Seguridad Eléctrica N° 10.281.
El dato fue confirmado por el presidente del directorio del ERSeP, Mario Blanco, quien explicó que este año se agravaron todas las multas previstas en la ley, al tiempo que se determinaron sanciones para aquellos municipios y comunas que no cumplan con la normativa oficial que tiene plena vigencia en todo el territorio provincial.
“Después de un año de vigencia de la ley, consideramos que lo más adecuado al fin propuesto era endurecer las sanciones. El mensaje es claro: hay que respetar la ley”, dijo Blanco. “A lo largo de 2018 se expidieron más de 120 mil certificados de conexión, y de esa experiencia surgió la necesidad de modificar el cuadro de multas”, explicó el funcionario.
El nuevo régimen determina sanciones económicas tanto para las prestatarias del servicio eléctrico en toda la provincia (EPEC y más de doscientas cooperativas del interior), como para los electricistas habilitados, para los usuarios del servicio, y también para los municipios y las comunas.
“Para todos los actores del sistema, la idea es avanzar primero con sendos apercibimientos cuando se detecta una infracción a la ley, y luego aplicar las multas correspondientes en caso de que no se haya atendido la advertencia”, afirmó Blanco. Y en el caso de los electricistas y profesionales habilitados, las sanciones pueden llegar hasta la suspensión y la inhabilitación, excluyéndolos del Registro de Instaladores Electricistas Habilitados.
A lo largo de 2018, se expidieron más de 120 mil certificados de conexión eléctrica en toda la provincia, en el marco de la aplicación de la nueva ley.
El ERSeP cuenta actualmente con un registro oficial de 5.964 electricistas de categoría III (idóneos con capacitación relacionada a la especialidad eléctrica). Además, hay unos quince mil electricistas habilitados de categorías I y II (profesionales y técnicos con títulos de grado).
En la página web del ente de control (http://ersep.cba.gov.ar/inscr_se/registro_habilitados.htm) se puede consultar el registro oficial de instaladores habilitados en el marco de la ley de seguridad eléctrica. 
Multas más caras
La nueva resolución del ERSeP establece una unidad de multa (UM) “equivalente a cien veces el valor unitario del kilowatt-hora (kWh) de la mayor tarifa de la categoría residencial dentro de cuyo ámbito se haya cometido la infracción”. De acuerdo al cuadro tarifario vigente de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), ese valor es hoy de 7,14844 pesos. De ese modo, la UM tiene ahora un valor de 714,84 pesos.
Para las prestadoras del servicio eléctrico, las multas previstas van desde las doscientas a las trescientas UM (entre 142.968 y 214.452 pesos) en caso de que, por ejemplo, otorguen la conexión de un suministro sin exigir el correspondiente certificado de instalación eléctrica apta.
En el caso de los instaladores, si emiten certificados que no cumplen con lo que exige la ley de seguridad eléctrica, se exponen a sanciones económicas que van de las cien a las 180 UM (71.484 a 128.671 pesos). Y si firman certificados de obras realizados por otros, las multas por aplicar son de cien a 150 UM (entre 71.484 y 107.226 pesos).
A los usuarios particulares que contraten servicios de electricistas no inscriptos en el registro oficial, les cabrá una sanción de sesenta a ochenta UM (entre 42.890 y 57.187 pesos). En la mayoría de los casos, las multas se agravan en caso de reincidencia en las faltas.
Municipios
Lo dicho: el nuevo régimen sancionatorio incluye apercibimientos y sanciones para los municipios y comunas de toda la provincia. Para ellos, las multas previstas son las más caras, de entre 150 y cuatrocientas UM, según la falta, por lo que se exponen a sanciones de hasta casi seiscientos mil pesos en caso de reincidencia.
“Para cumplir con la ley, los municipios deben, por un lado, ajustar sus códigos de edificación a la nueva normativa sobre seguridad eléctrica en la provincia; y por otro, adecuar todas las instalaciones de alumbrado público y de edificios oficiales a las exigencias vigentes”, explicó Blanco.
Desde la entrada en vigencia de la ley (el 1° de diciembre de 2017), las municipalidades y comunas cordobesas tienen dos años para adherir a la norma. Según el titular del ERSeP, hasta al día de hoy el nivel de adhesión es dispar.
“Hay de todo: desde municipios que hicieron todo un ejercicio de adecuación a la nueva ley, y otros que están muy demorados. Esto tiene que ver con la calidad de vida, ya que lo que se busca es evitar accidentes que puedan provocar lesiones físicas y hasta muertes”, expresó Blanco. El titular del ERSeP aseguró que la Municipalidad de Córdoba es una de las que viene más retrasada en su adecuación a la nueva normativa. “Aunque no es la única”, confió.
El Ersep ya aplicó una decena de sanciones
En 2018, el ERSeP inició diecisiete expedientes con procedimientos sancionatorios contra instaladores electricistas cordobeses. En diez de esos casos, ya se aplicó la sanción correspondiente, sumando apercibimientos a las empresas prestatarias del servicio.
En algunos casos, se constató la existencia de certificados de instalación eléctrica apta que no cumplían con los requisitos exigidos por la ley. En otros, los instaladores incurrieron en errores en la certificación, incluyendo también datos falsos en los documentos.
Fuente: Diario La Voz (Córdoba) del 3 de enero de 2019