El Gobierno dispuso que los usuarios nucleados bajo la categoría tarifaria T1 y T2 de las áreas de concesión de Edenor y Edesur que vivan en edificios deberán instalar capacitores a fin de estabilizar la energía que se consume durante los picos de demanda. La medida apunta a aliviar las cargas de los alimentadores eléctricos y lograr un mejor desempeño en el sistema. El programa que estableció el ENRE comenzará a aplicarse primeramente en lugares de demanda concentrada, aunque el objetivo es extenderlo a toda la demanda residencial. Vale destacar que, por anomalías en el factor de potencia, los usuarios podrían enfrentar un costo adicional en sus facturas que oscila entre un 10 y 30%.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) estableció que los usuarios que vivan en edificios ubicados en el área de concesión de Edenor y Edesur deberán instalar un equipamiento especial (capacitores) que servirá para estabilizar la potencia eléctrica durante los picos de consumo. Todavía no hay precisiones sobre el precio que tendrán esos equipos, pero desde el Ente informaron que deberá instalarse uno por edificio y el costo adicional lo afrontarán los hogares. En primera instancia, la medida afectará a los más de 300.000 edificios que existen en la Ciudad de Buenos Aires (de acuerdo al Relevamiento de Usos del Suelo –RUS– del Gobierno de la Ciudad) y a aquellos que están ubicados dentro del conurbano bonaerense, con lo cual en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los edificios alcanzados podrían fácilmente duplicar los que existen en la capital argentina.
La iniciativa forma parte del “Programa para la mejora del factor de potencia” que lanzó el ENRE a través de la resolución 85/2024 publicada el 5 de febrero en el Boletín Oficial. El objetivo de esta medida es incentivar el uso eficiente y racional de la energía eléctrica y recomponer un sistema que en la actualidad se encuentra en un momento crítico, con un nivel bajo de inversión producto del atraso tarifario.

La normativa establece que, si el factor de potencia es menor a 0.95, la distribuidora está facultada a fijar cargos que se verán reflejados en la factura de los consumidores. En caso de que el factor de potencia oscile entre 0.95 y 0.85, los usuarios deberán abonar un 10% más en sus boletas. Si el factor de potencia se ubica entre 0.85 y 0.75, deberán pagar un 20% adicional y si es menor a 0.75, un 30% más. Si bien antes de esta resolución no había una medición rigurosa, si un usuario tenía un valor del factor de potencia inferior a 0.85 se lo penalizaba, según precisaron desde el ENRE.
El factor de potencia es un indicador que permite medir el correcto aprovechamiento de la energía eléctrica. Puede tomar valores entre 0 y 1. El valor de 0.95 que fija la resolución indica que, del total de la energía abastecida por las distribuidoras, el 95% es utilizado por los usuarios mientras que el 5% restante es energía que se desaprovecha. El espíritu de la resolución es penalizar a edificios ineficientes que afectan por demás la operación de la red de distribución. Otras provincias, como Santa Fe, ya avanzaron desde hace tiempo en esa dirección.

Del equipamiento y consumo que exista en los hogares. Fuentes cercanas al ENRE destacaron que el propósito del programa es aliviar las cargas en los alimentadores eléctricos y lograr un mejor desempeño del sistema. Es por eso que la iniciativa comenzará a aplicarse en un primer momento en lugares de demanda concentrada, aunque el objetivo es extenderlo a toda la demanda.
La medida generará polémica porque la medición de la potencia es por usuario, pero el capacitor deberá instalarse por edificio. Por lo tanto, aquellos usuarios que tengan equipamiento eléctrico eficiente igual deberán aportar para que el edificio instale el estabilizador y que de ese modo dejen de cobrarles un costo adicional a vecinos que tienen un consumo más ineficiente.

El factor es el cociente entre la potencia que realmente utiliza el usuario (potencia activa) y la potencia total suministrada al hogar (potencia aparente) que circula a través de las instalaciones de distribución y provoca energía de pérdidas. La energía reactiva es, en concreto, la que se precisa para mover el motor de un electrodoméstico, como por ejemplo heladeras, lavarropas, equipos de aire acondicionado, ventiladores. En cambio, la energía activa es aquella que se utiliza para alimentar lámparas incandescentes, planchas y estufas eléctricas. Es por esta razón que el gobierno apunta a corregir la potencia reactiva inductiva, es decir, lo que se conoce como “factor de potencia”, de las instalaciones del usuario de distribución de energía eléctrica a fin de evitar daños por sobrecargas en las redes de las distribuidoras o pérdidas por recalentamiento.
Frente a este objetivo, se decidió que los consumidores que habiten edificios en donde el valor de potencia sea inferior a 0.95 deberán instalar los equipos, afrontando su costo, con el propósito de mejorar el factor de potencia de la demanda conjunta. Aun así, este valor de 0.95 es una alícuota que ya rige en otras provincias del país, como por ejemplo en Santa Fe, donde el EPE, la empresa provincial de energía, aplica ese porcentaje.

Desde el Ente precisaron que se encuentran trabajando en una normativa que complemente este programa y que exija ciertas determinaciones en el aparataje utilizado en los hogares. Lo que evalúan desde el Gobierno es emitir una reglamentación que establezca parámetros técnicos para la fabricación de nuevos equipos, a fin de que estos requieran menos energía eléctrica. En ese sentido, ejemplificaron con los aires acondicionados e indicaron que deberían contar con una plaqueta que reduzca la generación de potencia reactiva.
A su vez, aseguraron que hasta que no se agote la vida útil de los equipos con los que cuentan los usuarios en sus casas, que no poseen tecnología que va en línea con la eficiencia energética (como sí es el caso los aires acondicionados inverter, por ejemplo) la solución es instalar un banco de capacitores en los domicilios a fin de mejorar el desempeño de la red.

En la normativa se detalla que Edenor y Edesur tendrán que informar a cada inmueble cuál es el valor registrado de potencia. Las distribuidoras serán las encargadas de realizar la medición, que estará supervisada por el ENRE, y no cobrarán ningún cargo por el registro de esos datos. A su vez, en la resolución se habilita a las compañías a proveer los equipos, como una actividad no regulada, y se permite que el costo del capacitor se traslade a la tarifa de los usuarios.
En cuanto a la instalación de los capacitores y el costo adicional que esto representa para los hogares, las fuentes consultadas del Ente indicaron que “esta medida apunta a mejorar el rendimiento del sistema en su conjunto. La imposibilidad de colocar bancos de capacitores en cada medidor individual conlleva a poner uno en la entrada de los edificios. Es un problema insoluble”. También, que esta decisión puede traer ventajas de calidad en un tiempo corto que permitirían amortiguar, sobre todo en el periodo estival, los dos picos de consumo que se registran durante la tarde y la noche.