Opinión | Lo que importa se importa | Claudio Krämer, gerente de CADIEEL

Por Claudio Krämer, gerente de CADIEEL –Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y Control Automático-

Con gran preocupación observamos la proliferación de contrataciones de importantes obras en el sector eléctrico, en muchas de las cuales el Estado Nacional, a través de fideicomisos y comitentes privados, omite el cumplimiento del régimen establecido por la Ley 25.551 de "Compre Trabajo Argentino", en una situación que pone en riesgo a una industria que se compone de 7.000 empresas –en su enorme mayoría PyMEs- que emplea a nada menos que 80.000 familias.

Sabemos que no existe Nación viable sin una industria moderna y competitiva que promueva la incorporación de mano de obra capacitada y capital intelectual.

En los últimos años, el Estado encaró la ejecución de importantes obras públicas para aumentar, diversificar y consolidar la oferta energética, cuyo desarrollo requiere inversiones del orden de los diez mil millones de dólares, de los cuales el aporte de fondos del tesoro alcanza al 74 por ciento, porcentaje cuya sola mención basta para determinar su peso en la inversión pública.

En estas obras la mayoría de los equipos e insumos fueron importados a pesar de que podrían haber sido perfectamente provistos por la industria nacional. Para citar un ejemplo, en las obras de las centrales térmicas Manuel Belgrano y Timbúes, se importaron equipos y materiales por un monto de 420 millones de dólares (65% del valor de la obra), y 387 millones de dólares (52% del total), respectivamente.

Merecen especial atención las obras de la Central Térmica Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz, licitada por el Ministerio de Planificación, y las centrales térmicas de Ensenada de Barragán y Brigadier López, licitadas por Energía Argentina S.A. (ENARSA), en las que tanto la Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por Isolux Corsán y otros, y la UTE, integrada por Isolux Ingeniería S.A. e IECSA S.A., respectivamente incumplen con el Compre Trabajo Argentino pese a que son obras en las cuales su aplicación es clara e indiscutida.

Precisamente en la obra de Río Turbio, el Estado Nacional ya adelantó fondos a Isolux para hacer frente a pagos a los proveedores del exterior por 244 millones de dólares, en una obra que le cuesta al Estado 665 millones de esa divisa.

¿Cuántos empleos argentinos podrían generarse con esta inyección de recursos? no menos de 4.000.000 de horas de trabajo calificado. Este número crece, aún más, si se consideran factores tales como ausentismo u otros factores que disminuyen la productividad y si le sumamos que a cada hora directa de trabajo que se pierde hay que agregarle al menos un cuarto de hora de empleo indirecto. Además, las compras en el exterior tienen un efecto fiscal negativo en términos de aportes a la seguridad social e impuesto a las ganancias, menos ingresos y más horas perdidas por el efecto indirecto sobre los proveedores.

Desde octubre de 2008 hasta hoy, varias cámaras del sector hemos venido reclamando que este grupo cumpla con la Ley de Compre Trabajo Argentino, entre otras acciones, mediante la presentación de recursos ante la Secretaría de Industria de la Nación y la solicitud de la suspensión de las compras de diversos equipos importados cuya contratación no respetó el procedimiento previsto por la legislación. Estas presentaciones ya cuentan con dictamen favorable y confiamos en que la Secretaría de Industria, como autoridad de aplicación del régimen, actúe rápidamente en defensa de los fabricantes locales. Esta circunstancia motivó, además, que varios diputados nacionales presentaran un pedido de informes a los ministerios de Planificación Federal y de Industria.

Esta grave situación que impide participar a la industria nacional pretende reiterarse en el plan de energías renovables que lleva a cabo ENARSA, el cual prevé la instalación de parques eólicos y donde –nuevamente- la principal adjudicataria fue una UTE encabezada por Isolux Ingeniería S.A. con cinco centrales en las que dicha empresa declaró explícitamente que no comprará equipos fabricados en la Argentina.

El uso de los recursos públicos, aportados por los ciudadanos, constituye una herramienta fundamental en la que el poder de compra del Estado incide decididamente en el desarrollo de las industrias locales para ampliar su mercado interno y fortalecer la capacidad exportadora argentina, como el caso del sector industrial representado por CADIEEL, el cuál vende a más de 60 países.

El impacto en la generación de empleo resultante de aplicar en forma plena el régimen del "Compre Trabajo Argentino" es innegable. En ese sentido, un estudio elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) establece que si se sustituye el 50% de las importaciones que realiza el Estado con compras a la industria nacional, se generarían mínimamente 427.000 nuevos puestos de trabajo genuinos, directos e indirectos, mientras que cuando se compran productos industriales en el extranjero, sin reciprocidad, se subsidia a la industria foránea con recursos de nuestros ciudadanos.

Por otra parte, desde una mirada estrictamente fiscal, este estudio demuestra que la sinergia del ‘Compre Trabajo Argentino’ permite incrementar la recaudación impositiva. Una estimación conservadora indica que si el porcentaje de sustitución de importaciones fuera del 30%, la recaudación adicional sería de 524 millones de dólares anuales, a los que deberían agregarse lo que recauden por su lado las provincias y municipios, y las reducciones que se producirían sobre los subsidios por desocupación y otras herramientas asistenciales.

Como se puede apreciar, la importancia estratégica de esta herramienta para el desarrollo de nuestro país es enorme. Desde CADIEEL esperamos que las autoridades tomen debida nota de esta problemática y contribuyan a su solución.

 
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